La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, enfocada en los datos de pobreza y en la implementación de estrategias para reducirla. Al encuentro asistieron representantes de las comunidades y ciudades autónomas, excepto La Rioja y Extremadura, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En la comisión, Saiz destacó la importancia de este órgano de gobernanza del IMV para desplegar más eficazmente esta política social en todo el territorio nacional y reforzar la implicación de todas las instituciones en la lucha contra la pobreza y las desigualdades. También anunció la inminente puesta en marcha de dos medidas esenciales para extender la acción protectora del IMV y eliminar cargas administrativas: el teléfono corto 020 y la pasarela del subsidio de desempleo al Ingreso Mínimo Vital. El teléfono 020, una línea de atención gratuita que comenzará a funcionar el próximo 4 de noviembre, facilitará la ayuda e información a los potenciales beneficiarios de la prestación de forma más sencilla.
Además, el 22 de noviembre se activará la pasarela para el traspaso del subsidio por desempleo al IMV, una medida de gran relevancia y muy demandada que evitará lagunas de ingresos para quienes más lo necesitan. Este mecanismo mejorará la coordinación entre las entidades que gestionan ambas prestaciones, eliminará cargas administrativas y facilitará el acceso al IMV a las personas que cumplen con los requisitos. Saiz enfatizó que estas iniciativas son cruciales para ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital y brindar mayor protección a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La ministra repasó los avances en la gestión del IMV y las medidas emprendidas para acercar la prestación a la ciudadanía. Tras cuatro años de vida, el IMV ha llegado a 900 000 familias y 2,7 millones de personas. Se han introducido mejoras, como el incentivo al empleo y el complemento de ayuda a la infancia, que actualmente reciben 455 000 hogares. Gracias a los 12 130 millones de euros invertidos, el IMV ha reducido la pobreza severa entre un 5 % y un 20 % en las comunidades autónomas. En algunas regiones, como Andalucía, la prestación cubre hasta el 8 % de la población y su cuantía se ha revalorizado más de un 30 % desde 2020. Saiz subrayó que la acción protectora del Gobierno ha logrado reducir en más de la mitad la tasa de pobreza, situándola en el nivel más bajo de la última década.
En su intervención, Saiz apeló a la lealtad institucional e invitó a los representantes de las comunidades autónomas a continuar trabajando para ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital. Destacó el papel determinante que desempeñan al complementar la prestación estatal, ya sea en cuantías o al ampliar la protección a otros colectivos, y afirmó que es el momento de multiplicar esfuerzos para reducir las estadísticas de pobreza. Informó sobre los encuentros mantenidos en los últimos meses con las comunidades interesadas en la gestión del IMV y repasó las medidas encaminadas a facilitar la accesibilidad y la transparencia, como la revisión de la sección de Inclusión de la web del ministerio, nuevos formularios y el nuevo portal de la Seguridad Social.
Posteriormente, la ministra puso en valor el Laboratorio de Políticas de Inclusión, describiéndolo como un referente a nivel internacional por impulsar simultáneamente 34 proyectos piloto en todo el territorio. Estos proyectos abarcan todos los ámbitos que afectan a la población más vulnerable y emplean una metodología de evaluación innovadora y rigurosa: los ensayos aleatorizados. Han participado 180 000 beneficiarios, de los cuales el 57 % son mujeres, que representan el 0,5 % de las personas en pobreza severa. Los proyectos han sido desarrollados por 16 comunidades autónomas, 4 ayuntamientos y 14 entidades del Tercer Sector, lo que ha constituido un marco de cogobernanza sin precedentes en materia de inclusión y evaluación científica de políticas públicas.
Financiado con 212 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Laboratorio ha permitido obtener evidencias sobre qué funciona y qué no en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Saiz concluyó que el objetivo ahora es escalar las buenas prácticas y trasladarlas a la política pública, para lo cual es imprescindible la colaboración de las comunidades y los ayuntamientos. Tras la comisión, se celebró el seminario «Claves para el Futuro de la Protección Social en España», un encuentro destinado a compartir experiencias sobre las políticas de inclusión, el presente y futuro de las rentas mínimas y cómo trasladar la evidencia a las políticas sociales.
