La trama de fraude en la venta de hidrocarburos ha desencadenado una investigación que podría destapar una red de corrupción dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, sospecha que varios miembros de este cuerpo habrían accedido a bases de datos internas y proporcionado información de manera irregular a la trama implicada.
Las indagaciones señalan la posible implicación de más de media docena de agentes. Informes internos de la UCO ya habían apuntado a que el exdirector general de la Guardia Civil, L.M., y el comandante R.V. podrían estar involucrados en un supuesto chivatazo a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta conexión ha levantado sospechas sobre el grado de infiltración de la trama en los organismos de seguridad.
En una comparecencia reciente por videoconferencia ante la comisión de investigación del Senado, L.M. negó «radicalmente» cualquier relación entre su salida de la institución y los informes que lo señalan. A preguntas de UPN, afirmó que su traslado a la embajada de España en Estados Unidos no tiene vínculo con las acusaciones y negó mantener relación con R.V. más allá de haber firmado su cese. Estas declaraciones buscan desvincular a la cúpula de la Guardia Civil de las irregularidades investigadas.
J.B., responsable de Fuentes Humanas de la UCO y encargado de gestionar confidentes para conocer las actividades de organizaciones criminales, fue quien inicialmente siguió la pista de las actividades de Koldo García. Lo hizo a partir de informaciones facilitadas por el empresario J.C., imputado en el fraude de los hidrocarburos. J.B. mantuvo contacto con J.C. desde al menos el verano de 2016, utilizando el pseudónimo «Roberto Alcazar», según consta en el sumario del caso.
De las conversaciones entre J.B. y J.C. se deduce que el capitán y otros miembros de la UCO podrían haber realizado servicios de asesoría y elaborado escritos jurídicos para los imputados. Entre los agentes señalados se encuentran L.H., O.V. y F.S. De entre estos, O.V. y F.S. coincidieron durante siete años en un puesto de la Guardia Civil, lo que podría indicar una colaboración continuada en las actividades investigadas.
Aunque inicialmente los informes mencionaban J.S. como otro de los agentes que habría consultado de forma activa y reiterada las bases de datos internas, una auditoría posterior ha descartado esta implicación. Sin embargo, en una causa paralela se citan al menos a otros tres miembros de la Guardia Civil que habrían accedido a las bases de datos para favorecer a los investigados mientras recibían compensaciones económicas. Estas revelaciones amplían el alcance de la investigación y apuntan a la posibilidad de una red más extensa de colaboración ilícita.
Entre los implicados figura el propio J.B., cuya esposa era empleada de una de las sociedades principales de la trama de hidrocarburos. J.B. dejó el cuerpo y, en octubre de 2023, fue contratado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid como gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud. Este movimiento profesional ha generado controversia y añade un nuevo capítulo a una investigación que podría tener implicaciones significativas en los organismos de seguridad y en el sector de los hidrocarburos.