Pablo Bustinduy abre una investigación a agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio español.1
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha constatado que varias empresas inmobiliarias han obligado a inquilinos a pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificación y han incluido cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
La Dirección General de Consumo ha abierto formalmente esta investigación tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores, detectando prácticas que vulneran los derechos de los inquilinos y contravienen la legislación vigente.
Según Consumo, trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato está prohibido expresamente por la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, así como la firma de contratos temporales sin justificación de la temporalidad.
El Ministerio recuerda que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos de los inquilinos.
Estas prácticas podrían constituir diversas infracciones recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, como el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas y el uso de prácticas comerciales desleales.
Las dos primeras infracciones podrían calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros, pudiendo sobrepasar esa cantidad hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según el artículo 49 de la citada ley.
La tercera infracción, referida a la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, podría calificarse como muy grave y ser sancionada con multas de hasta un millón de euros, pudiendo exceder esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Esta investigación se enmarca en la acción prioritaria del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda; Consumo ya ha realizado acciones informativas con los operadores del mercado sobre conductas potencialmente abusivas en los contratos de alquiler, como exigir a los inquilinos el pago de fianzas desproporcionadas, asumir garantías adicionales o pagar mensualidades adelantadas.
- Fotografía de Eduardo Rodriguez en Unsplash. ↩︎
